Pese a que organizaciones indígenas elevaron varios pronunciamientos advirtiendo sobre los riesgos del proyecto de Ley, estos no fueron escuchados.
De esta manera se da paso a la privatización de las Áreas Protegidas ignorando la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos territorios se traslapan, vulnerando los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, autonomía y gobierno sobre sus territorios.