Esta vez, el sistema de agendamiento —administrado por una empresa chilena que, al parecer, cobra por hacer exactamente lo contrario a lo que se supone— decidió colapsar una vez más.
Y como siempre, los ecuatorianos terminaron formando esas tradicionales filas que ya deberían ser Patrimonio Cultural Inmaterial: largas, interminables y llenas de pacientes esperando que el Estado recuerde que la salud es un derecho… no un sorteo.
El contrato, que originalmente llegó vía BID, fue mantenido incluso por el gobierno anterior, porque al parecer el verdadero virus que afecta al Ministerio es el “temor a la Contraloría”.
Una especie de parálisis institucional donde es mejor seguir pagando por un sistema fallido antes que levantar la mano y decir: “Oigan, esto no sirve”.
Mientras tanto, las denuncias se multiplican: personas en dolor, pacientes en riesgo, e incluso fallecimientos asociados a los retrasos.